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EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA Y LA

INTERVENCIÓN DEL ESTADO

Andrés Mauricio Mendoza Piñeros*

 

El desplazamiento forzado y las migraciones regionales son unas de las principales consecuencias de las guerras civiles y del enfrentamiento armado por el poder. Colombia es el segundo país del mundo en número de desplazados, después de Sudán (Ibáñez, 2008).

Entre 1985 y 2008, la violencia obligó a más de cuatro millones de personas a dejar sus hogares por intimidación o violencia directa (CODHES, 2009).

Además de la pérdida de tierras, activos económicos y vínculos con su entorno (Ibáñez, 2008), un grave problema de las víctimas del desplazamiento es la pérdida de garantías de sus derechos fundamentales.

También es grave la ineficiencia del Estado para darles atención oportuna y diseñar políticas y estrategias que frenen el aumento de la población desplazada.

Sobre esta situación la Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia T-025 de 2004, respecto de lo que denominó “estado de cosas inconstitucional”

Soluciones sostenibles para los desplazados

 

A pesar de los aspectos políticos y de seguridad, la percepción de que el desplazamiento interno puede ser solo solucionado a través de asistencia humanitaria implica un atraso en encontrar soluciones sostenibles para aquellas personas obligadas a huir de sus lugares de origen y, de igual forma, un impedimento para romper el ciclo de dependencia en medios de asistencia para seguir adelante con sus vidas. El reconocimiento de que tanto las comunidades de acogida, las personas en condición de desplazamiento, el gobierno (tanto local como nacional) y actores humanitarios y de desarrollo desempeñan un rol fundamental para implementar medidas que busquen solucionar de modo sostenible la situación actual de los desplazados internos ha permitido que en Colombia, país en donde hay aproximadamente 5.7 millones de personas desplazadas, se desarrollen iniciativas como la Iniciativa de Soluciones de Transición (Transitional Solutions Initiative -TSI, en inglés) para facilitar la transición desde el asistencialismo hacia la integración y el desarrollo sostenible

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